




La ley de 20 artículos fue enviada al despacho del presidente Evo Morales para su promulgación.
El presidente de la Cámara Baja, Héctor Arce, recalcó que la ley plantará cara a la corrupción y evitará que los recursos departamentales sean sangrados.
La oposición ha denunciado que la normativa busca impedir la posesión de los gobernadores electos que no están en la línea política de Morales, ya que establece la suspensión de sus cargos si tienen denuncias penales en su contra.
"Quieren bloquear a quienes no piensan como el Movimiento al Socialismo (partido en función de gobierno)", resaltó la diputada Norma Piérola.
Los gobernadores de Tarija, Mario Cossio; de Santa Cruz, Rubén Costas; y de Beni, Ernesto Suárez, opositores, tienen sendas denuncias ante la Justicia planteadas por el Gobierno. La mayoría los acusa de malos manejos económicos, como la que supuestamente hizo Costas al gastar alrededor de 1,5 millones de dólares para la realización de un referéndum sobre estatutos autonómicos, considerado ilegal por la administración central.
Morales, en una declaración a la televisión estatal, dijo que la normativa es para que "no hayan nuevos corruptos". Si los gobernadores de la oposición reelectos están en plena protesta y organizando movilizaciones para rechazar la nueva ley es porque son "corruptos confesos", consideró.
El 30 de mayo se tiene prevista la posesión de los flamantes gobernadores elegidos el pasado 4 de abril, aunque los opositores han adelantado que no estarán en el acto para tal fin que se realizará en La Paz, y optarán por jurar en sendos cabildos regionales en protesta porque consideran que se quiere escamotear el proceso autonómico de las regiones.
Fecha: 24-May-2010
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