La Policía desmanteló el jueves una factoría de droga cerca a la ciudad de Santa Cruz, a 900 km al este de La Paz, tras lo cual detuvo a 12 colombianos, un venezolano y una peruana.

Un día después en otro poblado cercano a Santa Cruz se produjo la matanza de seis personas, entre ellos tres guardaespaldas serbios que hacían parte de la seguridad del narcotraficante William Rosales Suárez, quien en esa acción fue aparentemente secuestrado por el grupo de sicarios.

Aunque oficialmente ni el gobierno boliviano ni la policía han relacionado los dos casos, una fuente de la Fiscalía de Santa Cruz señaló a la AFP que habría en ese departamento una pugna entre mafias de la droga por el control del envío de drogas ilegales con destino a Brasil y Paraguay.

Rosales Suárez tenía sentencia de 10 años de cárcel desde 1996, aunque sin explicaciones judiciales estaba libre, a pesar de haber sido detenido en 2008 en una redada policial.

La presencia de los tres serbios asesinados aún continuaba en investigación.

Los tres fallecidos eran miembros de la empresa de seguridad 'Team Combat Security', con sede en Serbia, y llegaron a Bolivia -según la prensa local- un día antes del hecho de sangre.

El paradero del narcotraficante Rosales Suárez es otra incógnita. A falta de fuentes oficiales, los medios locales manejan dos hipótesis: que fue secuestrado para pedir por él una millonaria recompensa o que fue asesinado porque mafias colombianas pusieron precio a su cabeza para poder controlar el negocio.

La región de Santa Cruz se ha convertido en un nutrido punto para el contrabando de droga a Brasil y Paraguay por ser una zona fronteriza y eso alarma a vastos sectores de la sociedad, dijo a la AFP el analista político, Carlos Cordero.

Señaló el analista que "la primera voz de alarma salió de la Iglesia católica, sobre el aumento de la actividad del narcotráfico".

"Esta preocupación es compartida por muchos sectores de la sociedad que efectivamente ven con preocupación no solamente la violencia que genera el control del mercado de narcotráfico, sino la violencia que comienza con el cultivo y la comercialización de la coca y la actitud tolerante del gobierno frente el cultivo", dijo.

"Si las mafias internacionales se están posicionando en Santa Cruz es porque el narcotráfico está en su auge y en esto tiene una complicidad el Gobierno", dice el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, un opositor del presidente Evo Morales.

"Estamos preocupados por esta situación y, naturalmente, estamos utilizando todos los mecanismos y todas las herramientas necesarias para resolver el caso", afirmó el máximo jefe de la policía boliviana, general Oscar Nina, en conferencia de prensa.

Sobre la presencia de colombianos, el general Nina acotó que "la Policía no permitirá que Bolivia se colombianice o que sus cárteles se asienten para generar hechos de violencia como en otros países".

Un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) afirmó en marzo pasado que la superficie cultivada de coca aumentó 6% en Bolivia en 2009, cifrándose en unas 29.000 hectáreas.

El gobierno boliviano implementa una política en favor de la legalización de la coca aunque sin tolerar el narcotráfico, según ha expresado en varias ocasiones el presidente Morales.

Fecha: 19-May-2010
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