Según el reporte de radio Pio XII a la Red Erbol, la decisión fue tomada por los ayllus de la provincia Rafael Bustillo en un cabildo que se realizó ayer desde las 10:00 hasta las 20:00 en la sede de la Federación de Ayllus Indígenas Originarias del Norte Potosí, ubicada en la urbanización Saca Marka de la ciudad de Llallagua.

Entre las resoluciones adoptadas en el cabildo, según el reporte radial, está el no permitir el ingreso de los investigadores, sean fiscales o policías, a las comunidades rurales de Uncía para indagar sobre los policías linchados e identificar a los responsables.

Esta decisión fue adoptada ante el anuncio del traslado hoy hasta Llallagua de una comisión de ocho investigadores, integrada por fiscales y policías y presidida por el fiscal de distrito de Potosí, Sandro Fuertes. Según anticipó el jueves, esta comitiva tenía previsto reuniones con autoridades indígenas en Llallagua, con quienes ya habían anticipado gestiones para trasladarse el lunes hasta Uncía y de allí hasta Saca Saca donde se registró el asesinato de los cuatro uniformados.

El viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, ayer por la mañana aseveró que existían las garantías necesarias por parte de los ayllus de Saca Saca, Uncía, para el ingreso del fiscal de distrito de Potosí, Sandro Fuertes, y un equipo de ocho policías a esa región para investigar las cuatro muertes.

Torrico aseguró que dos días después del asesinato de los policías de Diprove, "ya había tranquilidad" en esa región. No obstante, el diputado de PPB-CN Luis Felipe Dorado dijo que la autoridad olvida que en Uncía, el escenario era de "cerco campesino" y de cabildos de los ayllus que se negaban a entregar los cadáveres de los infortunados.

"Están dadas las garantías para las autoridades en Saca Saca y la otra comunidad para el Ministerio Público de Potosí y los fiscales que llegarán y harán su ingreso a Uncía el día sábado para realizar todas las investigaciones pertinentes", dijo Torrico.

Contrariamente a las aseveraciones del Viceministro, los ayllus además de determinar impedir el ingreso de la comisión de investigadores, ratificaron ayer que exigirán a las autoridades políticas y policiales nacionales el cambio de todos los efectivos policiales destinados a Uncía, Llallagua y Chayanta debido a que consideran que los actuales uniformados sólo se dedican a extorsionar a los comunarios y contrabandistas de autos (chuteros).